Este 15 de julio, mientras el IMDRI convocaba a una reunión supuestamente “informativa” sobre el cobro de parqueaderos en los escenarios deportivos recién inaugurados, cientos de ciudadanos se plantaban afuera con una consigna clara: no más decisiones impuestas ni favores disfrazados de convenios.

La furia no es nueva ni irracional. Ibagué aún no se recupera del trauma causado por el mayor escándalo de corrupción deportiva en su historia. Fue durante la administración de Luis H. Rodríguez (2012–2015) que se demolieron los principales escenarios deportivos con la promesa de reconstruirlos para los XX Juegos Nacionales de 2015. Se adjudicaron contratos por más de 60 mil millones de pesos, pero lo que vino fue un saqueo impune: obras abandonadas, niños entrenando en potreros y una ciudad convertida en el hazmerreír nacional.

El coliseo mayor, la pista de atletismo, las piscinas olímpicas, el estadio alterno… todos quedaron reducidos a promesas incumplidas. En 2021, Rodríguez fue capturado y enviado a prisión por irregularidades en la contratación. Pero el daño estaba hecho: una generación entera creció sin espacios para entrenar, y con el sabor amargo de saber que el deporte fue otro botín político más.

Y cuando por fin, tras casi una década, se terminan las obras y renace la esperanza, aparece el IMDRI con una brillante idea: cobrar por usar los parqueaderos de los escenarios públicos.

El contrato de concesión 341-2025, firmado con la Unión Temporal Parking A&S, entrega la operación de estos espacios por 11 años. El valor de referencia: mil millones de pesos. La ganancia para el concesionario: directa. El beneficio para la ciudad: supuestamente un porcentaje mensual de participación. El perjuicio: lo paga el ciudadano de a pie, el padre que lleva a su hijo a entrenar o la familia que asiste a una competencia.

¿Y quién lo permite? La actual alcaldesa, Johana Aranda, quien ha hecho de la figura maternal su principal recurso discursivo. En redes y discursos públicos, no pierde oportunidad de referirse a sí misma como una madre que cuida a sus ciudadanos.

Pues bien, señora Aranda, una madre no le cobra a sus hijos por entrar a la casa. Una madre cuida, protege, defiende. No entrega por concesión lo que ha costado años de lucha recuperar. No convierte el derecho al deporte en una oportunidad de recaudo. No firma convenios de espaldas a la gente ni da la cara solo cuando hay cinta para cortar.

Además, el problema no es solo económico, sino ético. El contrato, valorado en mil millones de pesos, no pasó por un ejercicio de consulta ciudadana ni por un debate público sobre alternativas. ¿Era necesario concesionar? ¿Por qué por 11 años? ¿Se valoró el impacto social del cobro? ¿Qué garantías hay de que no se convierta en otra herramienta para pagar favores políticos?

Lo que Ibagué necesita no es más “mamitas” de marketing político, sino gestoras públicas reales, comprometidas con una ciudad que ya ha sido demasiado saqueada. Este tipo de decisiones, lejos de integrar a la ciudadanía al deporte, la excluyen.

En una ciudad con uno de los ingresos per cápita más bajos del país y con una tasa de desempleo que sigue siendo de las más altas de Colombia, este cobro no solo es injusto: es obsceno. Obligar a padres, entrenadores y deportistas a asumir este gasto adicional es condenar el acceso al deporte a quienes menos tienen.

El deporte no es un negocio: es un derecho. El acceso a los escenarios deportivos no debe estar condicionado a la capacidad de pago. Y el IMDRI, como entidad pública, no puede seguir actuando como si su deber fuera facilitar negocios privados y no proteger lo público.

Los ciudadanos ya entendimos la lección: si no alzamos la voz, otros deciden por nosotros. Hoy fue un plantón. Mañana puede ser una revocatoria, una denuncia o una demanda. Porque Ibagué no olvida que le destruyeron sus canchas. Y mucho menos aceptará que ahora, reconstruidas, le pongan precio a su dignidad.

Por Carolina Toro