La medida responde a presuntas omisiones y deficiencias detectadas en las labores de control y seguimiento de un contrato clave destinado a la implementación de medidas de seguridad vial en todo el territorio nacional.

El proceso de indagación cobija de manera directa a Óscar Julián Gómez Cortés, Elkin Mauricio Escobar Sarmiento, Ivana Carolina Murcia González y Sandra Liliana Burgos Gómez. Según el expediente del Ministerio Público, los implicados habrían participado en diferentes etapas de la ejecución contractual, desempeñando funciones directamente asociadas al seguimiento técnico, la revisión de informes, la validación de soportes y el control general de las actividades.

El núcleo de la investigación se centra en un contrato interadministrativo cuyo valor superó los $62 mil millones. 

Dicho acuerdo financiero fue celebrado con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, ENTerritorio, con el propósito fundamental de poner en marcha programas y obras orientados a salvaguardar la vida en las vías del país.

Entre los propósitos principales del ente de control se encuentra esclarecer si durante el desarrollo del proyecto se presentaron graves falencias en la vigilancia de los millonarios recursos públicos. 

Asimismo, la entidad busca determinar la existencia de posibles inconsistencias materiales y operativas relacionadas directamente con la correcta ejecución de las obras contratadas.

Con esta apertura formal de investigación, la Procuraduría continuará recolectando las pruebas documentales y testimoniales necesarias para definir la posible responsabilidad disciplinaria de los exfuncionarios involucrados. 

El caso pone nuevamente bajo la lupa la eficiencia y la transparencia en la gestión de recursos destinados a la infraestructura y la protección ciudadana en el sector transporte.