Gobierno denuncia presuntas irregularidades y pide a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría investigar
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, entregó formalmente a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría el denominado ‘Libro Blanco’, un documento elaborado durante el proceso de transición entre el anterior gobierno y la nueva administración. Según explicó el mandatario, allí fueron recopilados documentos, información y posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos en diferentes entidades del Estado.
Durante su intervención, el jefe de Estado aseguró que la entrega del documento no busca establecer responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales, debido a que esa labor corresponde exclusivamente a las autoridades competentes. Sin embargo, sostuvo que su obligación como presidente es poner en conocimiento de la justicia cualquier hecho que pueda revestir características de irregularidad y permitir que sean las instituciones las encargadas de determinar qué ocurrió.
Entre los datos mencionados por el mandatario se encuentra un presunto giro de 856.000 millones de pesos por parte de la UNGRD sin urgencia manifiesta y la pérdida del rastro de 1,38 billones de pesos. También habló de una presunta nómina paralela cercana a 900.000 contratos de prestación de servicios, que, según sus declaraciones, habría representado un impacto superior a cinco billones de pesos para las finanzas públicas.
El presidente también cuestionó la situación financiera de entidades y programas como Aire, el programa Colombia Mayor y el Icetex, además de referirse a recursos destinados a la seguridad, educación y reforma agraria. De acuerdo con sus afirmaciones, estos casos contienen elementos que deberán ser revisados mediante investigaciones técnicas y auditorías para establecer si existieron irregularidades y quiénes serían eventualmente responsables.
Por su parte, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, destacó la importancia de contar con información verificable, documentos y elementos materiales de prueba para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. La funcionaria señaló que las investigaciones deben apoyarse en auditorías forenses y contrastación de la información, mientras el presidente pidió conformar equipos especiales de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para trabajar de manera articulada.
Finalmente, De la Espriella insistió en que el ‘Libro Blanco’ no representa una condena anticipada y que se debe respetar la presunción de inocencia y la independencia de la justicia. Ahora serán los organismos de control y las autoridades judiciales los encargados de determinar si los hallazgos entregados configuran responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias y, de ser así, quiénes deberán responder ante la ley.
