Tras la captura en flagrancia de una patrullera de la Policía Metropolitana de Ibagué, señalada de presuntamente intentar ingresar estupefacientes y teléfonos celulares a la Permanente Central, el abogado penalista David Alexander Palacio, director del buffet Palacio abogados, magister en derecho penal y criminólogo, analizó el panorama jurídico que podría enfrentar la uniformada si la Fiscalía logra sustentar las acusaciones.

Durante una entrevista concedida a Ecos del Combeima, el especialista explicó que, desde la perspectiva de la Fiscalía, existirían varias conductas penales que podrían ser imputadas, dependiendo del avance de la investigación y de las pruebas que sean recaudadas.

Según el jurista, el primer delito sería el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal. Agregó que, por tratarse de una funcionaria pública, la conducta podría tener un agravante establecido en el artículo 384, lo que incrementaría una eventual pena.

Palacio también indicó que el hallazgo de cuatro teléfonos celulares abre la posibilidad de analizar otras conductas punibles relacionadas con el ingreso de medios de comunicación a un centro de detención, además de advertir que la Fiscalía podría investigar la posible existencia de una estructura criminal detrás del caso.

En ese sentido, manifestó que si los investigadores encuentran evidencia de que otras personas participaron en la presunta actividad ilegal, podrían surgir imputaciones por concierto para delinquir e incluso por cohecho, si se demuestra que existía un beneficio económico a cambio del ingreso de los elementos.

No obstante, el abogado insistió en que la patrullera mantiene intacta su presunción de inocencia y recordó que todas las hipótesis planteadas deberán ser demostradas por la Fiscalía durante el proceso judicial.

El penalista explicó que no basta con acreditar que la droga y los celulares estaban dentro del bolso de la uniformada, sino que el ente acusador deberá probar que estos elementos realmente iban a ser entregados a personas privadas de la libertad y que existía una finalidad ilícita.

Asimismo, precisó que, además del proceso penal, la patrullera afronta un proceso disciplinario interno por su condición de servidora pública, el cual se desarrollará de manera independiente bajo las normas que regulan la función policial en Colombia.

Finalmente, David Alexander Palacio señaló que, en caso de que la Fiscalía logre demostrar las conductas investigadas y un juez emita una sentencia condenatoria, las penas podrían superar los 10 años de prisión, aunque reiteró que será el desarrollo del proceso y la valoración de las pruebas lo que determine la responsabilidad de la uniformada.