El lío jurídico del lote donde la Alcaldía de Ibagué pretende reubicar familias del Hato de la Virgen
El predio que la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, le presentó al presidente Abelardo De La Espriella durante su visita al departamento para hablar de un proyecto de vivienda está ‘enredado’ y cargado de líos jurídicos.
Una de las principales solicitudes planteadas por Aranda durante la reunión con el entonces presidente electo fue el proyecto de vivienda ‘Mi Casa Milagro’, una iniciativa que contempla la construcción de 4.012 viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).
El lugar donde la Alcaldía pretende hacer esta iniciativa sería el predio La Pista El Salado, un terreno de aproximadamente 70 hectáreas.
Sin embargo, todo parece indicar que la realidad jurídica y urbanística del lote es bastante más compleja de lo que se ha presentado públicamente.
La idea es que en este predio se desarrolle un plan parcial público que permita, entre otras cosas, avanzar en la esperada reubicación de las familias del Hato de la Virgen.
Esta reubicación se deriva de una acción popular cuyo cumplimiento ha sido objeto de seguimiento permanente por parte del Tribunal Administrativo del Tolima y que se ha convertido en uno de los dolores de cabeza de Johana Aranda.
El fallo fue confirmado por el Consejo de Estado en 2010 y, desde entonces, las soluciones definitivas para todas las familias han tardado años en concretarse.
La situación llegó a uno de sus puntos más críticos durante la actual administración. En diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima impuso una sanción de arresto contra la alcaldesa por el incumplimiento de las órdenes relacionadas con el Hato de la Virgen. (Ver más: Ordenan 20 días de arresto contra la alcaldesa Aranda)
Posteriormente, en junio de 2025, el Consejo de Estado modificó esa decisión, dejó sin efecto el arresto y lo sustituyó por una multa equivalente a un salario mínimo. No obstante, señaló que la orden de reubicación continuaba sin cumplirse integralmente.
De acuerdo con información conocida por Ecos del Combeima, en febrero de 2026 se informó que el Municipio había puesto a disposición el predio de aproximadamente 70 hectáreas para proyectar allí la reubicación de las familias que aún permanecían pendientes.
En esa misma audiencia quedó establecido que el siguiente paso consistía en formular el Plan Parcial La Pista, instrumento necesario para determinar aspectos como las viviendas, vías, servicios públicos, equipamientos y áreas ambientalmente protegidas.
El problema
El asunto es que, según una fuente que habló con Ecos del Combeima, que La Pista pueda existir como predio municipal no significa que esté urbanísticamente lista para recibir cientos o miles de viviendas.
Y es que existen cuestionamientos sobre qué tan avanzado está realmente el proceso para habilitar el suelo sobre el cual se están haciendo esas promesas.
Según fuentes de la Administración Municipal consultadas para esta investigación, respecto de La Pista únicamente se han adelantado hasta ahora actuaciones iniciales con Cortolima, encaminadas a establecer las determinantes ambientales, trámite que podría tardar hasta dos años.
En otras palabras, una idea que, si se mantienen esos tiempos, podría comenzar a tomar forma apenas hacia la mitad del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
El otro ‘enredo’
Mientras La Pista ha sido presentada ante el Tribunal, las familias del Hato de la Virgen y ahora el Gobierno Nacional como una de las grandes reservas de suelo para vivienda de Ibagué, sobre una parte del terreno existe una controversia judicial que no puede pasar inadvertida.
El protagonista es un ciudadano llamado Raúl Lombana.
El predio conocido como La Pista El Salado tiene una historia que se remonta a comienzos de los años 2000, cuando fue objeto de extinción de dominio sobre aproximadamente el 50 % de su área.
La decisión fue adoptada judicialmente en 2004 y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2006.
Ese porcentaje pasó a manos del Estado a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO, mientras el resto del lote permaneció en manos privadas durante varios años.
Años después, durante el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo, entre 2016 y 2019, el predio fue declarado de utilidad pública con la intención de desarrollar allí el proyecto conocido como Parque de la Paz.
En 2018, la Sociedad de Activos Especiales vendió al Municipio el 50 % que estaba en poder del Estado. El resto fue adquirido posteriormente mediante un proceso de expropiación judicial que culminó en 2021, lo que permitió que el Municipio quedara como propietario de la totalidad del predio.
Sin embargo, el proyecto del Parque de la Paz nunca se concretó y el terreno fue reorientado como posible solución para proyectos de vivienda, especialmente en el marco del cumplimiento de la sentencia relacionada con la reubicación de las familias del Hato de la Virgen.
Es aquí donde entra Raúl Lombana, quien desde hace varios años sostiene una controversia jurídica con el Municipio de Ibagué por una fracción del predio La Pista El Salado.
En 2024, la Alcaldía instauró acciones jurídicas con el objetivo de recuperar el área ocupada, mientras Lombana respondió con una demanda en la que solicita que se le reconozca la pertenencia por prescripción adquisitiva sobre un lote de aproximadamente 12 hectáreas.
En su versión, Lombana afirma que llegó al terreno junto con su familia el 15 de enero de 2001 y que desde entonces ha ejercido una posesión continua sobre el área en disputa.
El 5 de diciembre de 2025, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué profirió sentencia favorable al Municipio y determinó que a la administración municipal le correspondía el dominio pleno y absoluto del predio.
Pero el caso dio un giro en segunda instancia.
Al estudiar el recurso de apelación, el Tribunal Superior de Ibagué encontró que varios apartes de los testimonios rendidos durante la audiencia de instrucción y juzgamiento eran ininteligibles debido a las condiciones en las que se realizó la diligencia: espacio abierto, corrientes de aire, ruido y distancia entre los intervinientes y el equipo de grabación.
Para el Tribunal, el problema no era menor. Precisamente, los recursos de apelación cuestionaban la valoración que el juez de primera instancia había hecho de esas pruebas, por lo que la segunda instancia necesitaba acceder a los testimonios para poder revisar adecuadamente la decisión.
Por esta razón, la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior de Ibagué declaró la nulidad de lo actuado desde la práctica de la prueba testimonial en la audiencia del 17 de octubre de 2025.
Ahora, el Juzgado Sexto Civil del Circuito deberá recibir nuevamente los testimonios y adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta conservación de los registros de audio y video. Después deberá correr traslado para los alegatos y dictar una nueva sentencia.
Es decir, la decisión que había favorecido al Municipio ya no es el punto final del litigio.
¿Qué dice la Alcaldía?
Ante estas dudas, la secretaria de Planeación de Ibagué, Daniela Cabrera, defendió la viabilidad del proyecto.
En primer lugar, Cabrera explicó que el plan parcial se viene formulando sobre cerca de 41 hectáreas de suelo público, mientras el resto del terreno corresponde a áreas rurales y de expansión que quedarán para desarrollos futuros.
En este momento, el proceso está en concertación ambiental ante Cortolima, requisito indispensable para su adopción.
“Hasta tanto no se ha concertado el plan parcial, pues no podrá ser expedido el decreto de viabilidad del mismo”, señaló la funcionaria, quien agregó que la Administración espera superar esta fase en el corto plazo y dejar adoptado el instrumento este mismo año.
Aun así, persisten preocupaciones frente a que el trámite ambiental ante Cortolima no avance con la rapidez que espera la Alcaldía. Y es que, en la práctica, este tipo de procesos no siempre resultan expeditos y, en más de una ocasión, han sido cuestionados por avanzar a pasos de tortuga.
En todo caso, la secretaria aseguró que se han venido realizando mesas técnicas con la autoridad ambiental.
En cuanto al litigio con el ciudadano Raúl Lombana, la secretaria fue enfática en que no interfiere con el proyecto, argumentando que las hectáreas en disputa fueron excluidas de la formulación del plan parcial.
