Veinte años sin agua potable y con fallos judiciales incumplidos en zona rural de Ibagué
Habitantes de la vereda Buenos Aires, en el corregimiento 14, vuelven a denunciar el incumplimiento de un fallo de tutela emitido en 2006 que ordena garantizar el suministro de agua potable, una situación que, aseguran, persiste hasta hoy.
De acuerdo con la comunidad y el edil Juan Gómez, el fallo responsabilizó al municipio y a la empresa IBAL de asegurar el acceso al servicio. Sin embargo, denuncian que, pese al paso de casi dos décadas, no se ha materializado una solución definitiva, dejando a las familias sin agua potable.
Incluso, el año pasado se interpuso un incidente de desacato a través de la Personería Municipal, que también fue ganado por la comunidad. No obstante, según el edil, la decisión no verificó la calidad del agua ni resolvió de fondo la problemática, lo que mantiene la inconformidad en el sector.
A la falta histórica del servicio se suman nuevas fallas. Habitantes reportaron que recientemente las redes volvieron a colapsar, dejando a la vereda sin agua cruda para distribución y, por ende, sin posibilidad de acceso a agua potable.
“Llevan más de 20 años burlándose de la vereda Buenos Aires”, denunció el edil, quien además advirtió sobre la falta de capacidad institucional para atender emergencias en la zona rural.
La situación también afecta a otras comunidades cercanas como Alto de Gualanday (sector del Peaje) y Hacienda La Miel, donde persisten dificultades similares en el acceso al agua.
Otro de los puntos críticos señalados es la atención en contingencias. Según los denunciantes, durante recientes emergencias se ha solicitado apoyo a organismos como los bomberos para la distribución de agua, pero sin contar con herramientas adecuadas ni conocimiento del territorio, lo que dificulta el acceso para poblaciones vulnerables como adultos mayores.
Ante este panorama, las comunidades del corregimiento 14 reiteran el llamado a las autoridades municipales para que se adopten medidas estructurales, administrativas y financieras que permitan cumplir los fallos judiciales y garantizar, de una vez por todas, el acceso a agua potable en la zona.