Tal y como lo habían solicitado las Comisiones Económicas del Congreso de la República, el Gobierno nacional, reformuló el Presupuesto General de la Nación para 2027 y lo aforó en $634,9 billones.

Para el efecto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley reformulado.

En el mensaje presidencial que se presentó durante el acto de radicación el Gobierno establece que la reformulación del PGN 2027 reconoce la importancia de programar las apropiaciones de gasto, de tal modo que estas reflejan de manera realista las obligaciones legales del Estado, las proyecciones macroeconómicas y el costo efectivo de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. 

El presupuesto no puede ser formalmente equilibrado a costa de subestimar gastos que, por su naturaleza constitucional, legal o contractual, terminarán materializándose durante la vigencia.

Los gastos contemplados en el proyecto de ley establecen que para funcionamiento se destinarán $392,5 billones, el Servicio de la deuda costará $155,4 billones, Inversión: $86,9 billones. Sectores con mayor inversión: Inclusión Social y Reconciliación ($21,5 billones) y Transporte ($16,9 billones).

La financiación de este proyecto provendrá de ingresos corrientes, principalmente impuestos y otros ingresos ordinarios del Estado. Para 2027, estos ingresos se estiman en $315,1 billones, lo que representa el 49,6 % del total del presupuesto.

Otra parte de los recursos saldrán de los llamados recursos de capital, que suman $287,7 billones, equivalentes al 45,3 % del total. En esta categoría se incluyen fuentes como endeudamiento interno y externo, rendimientos financieros, excedentes de entidades públicas y otros mecanismos de financiación.

Los ajustes

El primer ajuste deriva de la actualización de los supuestos macroeconómicos. Como se mencionó antes, el proyecto inicial utilizaba una inflación de cierre de 6,0 % para 2026, mientras que la información disponible y el escenario del Banco de la República muestran presiones inflacionarias superiores.

Esta desviación tiene consecuencias presupuestales directas: una mayor inflación de 2026 incrementa la base de cálculo de numerosas obligaciones de 2027 y presiona gastos de personal, bienes y servicios, pensiones, transferencias y componentes del gasto social que se encuentran legal o económicamente vinculados a la evolución de los precios. 

Por ello, la reformulación incorpora los mayores costos nominales que razonablemente deberán atenderse durante la próxima vigencia, evitando trasladar al año siguiente obligaciones hoy subestimadas.

Cambio de ejecución

El terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 introdujo nuevas presiones de gasto que no estaban contempladas en el proyecto presentado el 29 de julio. 

Todo ello ocurre en un contexto particularmente complejo, marcado por una crisis fiscal de proporciones similares a las vividas durante la pandemia, pero sin encontrarnos en ella, y agravado por problemas de liquidez, gestión administrativa y consistencia presupuestal heredados de la administración anterior. 

Este escenario plantea retos de especial magnitud para la reformulación del PGN 2027 y exige adoptar decisiones responsables que, ante todo, partan de sincerar las cuentas, estimar los ingresos sobre bases realistas —incluso conservadoras, si se quiere— y evidenciar las verdaderas dimensiones cuantitativas de los faltantes presupuestales heredados. 

A partir de estas realidades, señala el documento que sustenta la reformulación del proyecto de Presupuesto, será posible sentar las bases para iniciar una recuperación económica sostenible que permita avanzar hacia una senda de sostenibilidad fiscal creíble. 

Esta obligación implica que la programación del gasto debe corresponder a ingresos sustentados en bases legales 

El ministro Gómez, justificó los cambios en el monto del proyecto para 2027 se sustenta en ingresos cuya materialización responde a bases legales y económicas rigurosas. 

Cada peso apropiado corresponde a una fuente de financiación identificable y compatible con la programación macroeconómica y fiscal. Esto implica revisar simultáneamente los ingresos, los gastos, el servicio de la deuda, las obligaciones ciertas y previsibles del Estado y el margen de maniobra disponible para atender las nuevas presiones de gasto derivadas de la emergencia. 

Reconstrucción

Es importante destacar que, para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo, la reformulación del PGN 2027 prevé la canalización de recursos a través del Fondo Milagro de Reconstrucción. 

Este mecanismo, concebido como un instrumento fiduciario y financiero temporal y extraordinario, permitirá articular las distintas fuentes de recursos, fomentando esquemas de asociación público-privada, APP,, la utilización del mecanismo de Obras por Impuestos y la participación del sector privado en el proceso de reconstrucción.