Tras el aplazamiento de la audiencia en la corte de Alberta, Canadá, que evaluaría la solicitud de Canacol Energy para la terminación anticipada de contratos de transporte y suministro de gas natural, la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, reiteró su llamado a las autoridades para salvaguardar la seguridad energética, la estabilidad del sector y la continuidad de un servicio público esencial.

La audiencia, inicialmente prevista para el 7 de mayo, fue reprogramada para el próximo 15 de mayo, luego de que la compañía solicitara más tiempo para explorar modificaciones de mutuo acuerdo de los contratos de transporte y de suministro de gas natural suscritos con sus clientes.

Actualmente, Canacol abastece parte de la demanda de siete departamentos de la Costa Caribe y algunos municipios de Norte de Santander, incluyendo hogares, comercios, industrias, transporte y una planta térmica en Sahagún, Córdoba. 

Si bien la empresa mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), su producción promedio en abril se ubicó en 75 MPCD, equivalente al 7,5% de la demanda nacional.

Para Naturgas, este contexto no justifica una terminación anticipada de contratos. Por el contrario, advierte que una decisión en ese sentido incrementa los riesgos sobre la continuidad del servicio y el abastecimiento energético del país.

“Existen caminos distintos a la terminación de contratos. Hay mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la prestación del servicio y la confianza del sistema”, explicó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

La asociación recordó que la producción de Canacol ha venido disminuyendo de manera progresiva en los últimos años, pasando de 196 MPCD en julio de 2023 a cerca de 75 MPCD en la actualidad, como resultado de factores técnicos y operativos. No obstante, esta situación ha sido gestionada mediante acuerdos entre las partes, sin necesidad de recurrir a la terminación de contratos.

Naturgas advirtió que una eventual suspensión de estos compromisos podría afectar cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional de gas natural, con impactos directos en hogares, industria y generación térmica, así como en la competitividad del país.

“Permitir que decisiones adoptadas en el exterior suspendan obligaciones contractuales en Colombia, sin evaluar sus impactos sociales y económicos, vulnera principios de orden público y desconoce el carácter esencial del gas natural para millones de colombianos”, afirmó Murgas.

Adicionalmente, el gremio alertó que una reducción en la disponibilidad de gas obligaría a sectores productivos a migrar hacia energéticos más costosos o con mayores emisiones, como el GLP, carbón, gasolina o diésel, lo que incrementa los costos de producción y presionará el precio de bienes esenciales como alimentos, bebidas, papel, cartón y cerámica.

En este contexto, Naturgas hizo un llamado al Estado colombiano para que de darse la autorización por parte de la Corte canadiense ejerza las facultades legales previstas en el régimen de insolvencia empresarial transfronteriza (Ley 1116 de 2006), particularmente la excepción de orden público, con el fin de evitar la adopción de medidas que comprometan la continuidad de los servicios públicos y la estabilidad energética del país.

“Es imperativo proteger la estabilidad de las reglas de juego y el respeto a los contratos. No existe gas más costoso que aquel que deja de estar disponible por decisiones que afectan la seguridad del sistema y la confianza en el sector”, concluyó la presidenta de Naturgas.

Finalmente, el gremio reiteró su disposición de trabajar de manera articulada con las autoridades y los actores del sector para proteger la infraestructura energética nacional, preservar la seguridad jurídica y garantizar la confiabilidad y continuidad del abastecimiento de gas natural para más de 36 millones de colombianos.