Entre febrero y marzo de cada año, cuando se realizan las asambleas de copropietarios en todo el país, es fundamental verificar que su conjunto residencial cuente con el seguro obligatorio de bienes comunes y que este refleje adecuadamente el valor de la edificación, con coberturas acordes a sus características.

De acuerdo con la Ley 675 de 2001, todas las propiedades sometidas al régimen de propiedad horizontal deben contar con un seguro que ampare los bienes comunes, al menos frente a riesgos como incendio y terremoto.

En Colombia, más de 43 mil copropiedades cumplen con esta obligación y están asegurados bienes por más de $507 billones, respaldados por las compañías de seguros que operan en el país.

A nivel territorial, Bogotá concentra la mayor participación con $141 billones (28 %) y 12.181 copropiedades aseguradas, seguida por Medellín con $117 billones (19 %) y 8.236 copropiedades. Cali alcanza $40 billones (8 %) y Barranquilla $18 billones (6 %), mientras que el resto del país agrupa el 39 % del total, con $189 billones y 17.057 copropiedades aseguradas.

El seguro de bienes comunes no solo cubre áreas visibles como salones o zonas recreativas, sino también elementos estructurales esenciales como columnas, vigas, fachadas, techos, ascensores y redes internas, que son fundamentales para la estabilidad de la edificación.

Se entienden como bienes comunes todos aquellos que se comparten en una propiedad horizontal. Allí clasifican bienes como cimentaciones, instalaciones de servicios públicos básicos, la estructura, las circulaciones, fachadas y techos, ascensores, escaleras, equipos de bombeo, entre otros.

Si bien la ley establece unas coberturas mínimas, muchas copropiedades optan por ampliar su protección incluyendo riesgos adicionales como daños por agua, explosión, granizo o responsabilidad civil, especialmente en edificaciones con mayor complejidad operativa.

Es importante tener en cuenta que el seguro no sustituye el mantenimiento. Las pólizas están diseñadas para responder a eventos súbitos e inesperados, por lo que una adecuada gestión de la infraestructura sigue siendo clave para la sostenibilidad de las copropiedades.