La Procuraduría General de la Nación exhortó al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E., del municipio del Líbano (Tolima), a suspender de manera inmediata el proceso licitatorio para la ampliación, reforzamiento estructural, remodelación y modernización de la institución, un proyecto que contempla una inversión de 79.596 millones de pesos.

La solicitud fue emitida luego de que el Ministerio Público identificara posibles irregularidades que podrían comprometer los principios de igualdad, transparencia, selección objetiva, planeación y publicidad que deben regir la contratación estatal.

De acuerdo con la Procuraduría, durante el ejercicio de vigilancia preventiva se evidenciaron riesgos relacionados con la falta de publicación en la plataforma SECOP II de documentos fundamentales para el desarrollo del proceso, entre ellos los estudios y diseños técnicos, planos, memorias de cálculo y demás soportes correspondientes a la obra civil.

El organismo de control señaló que la ausencia de esta información impediría que los interesados conozcan en detalle el alcance técnico del proyecto, lo que podría afectar la transparencia del proceso y la adecuada selección del futuro contratista.

La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió además que la omisión de las especificaciones técnicas y de los planos detallados evidencia una planeación insuficiente e incompleta, situación que podría constituir una vulneración de los principios que rigen la función administrativa.

Frente a este panorama, el ente de control exhortó al Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E. a atender las observaciones formuladas y suspender el trámite licitatorio mientras se subsanan las inconsistencias detectadas.

Asimismo, advirtió que un eventual incumplimiento de lo establecido en la Resolución 1440 de 2024 del Ministerio de Salud, la Ley 2479 de 2025 y el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 podría viciar el proceso de selección y dar lugar a la nulidad absoluta del futuro contrato por violación de normas imperativas.

La actuación de la Procuraduría hace parte de sus funciones de vigilancia preventiva para garantizar que los procesos de contratación pública se desarrollen conforme a la normatividad vigente y bajo los principios de transparencia y legalidad.