El Ministerio de Salud y Protección Social realizó una serie de críticas a la ponencia alternativa de la reforma a la salud radicada esta semana, y que según el Gobierno, le entregaría más de $60 billones de los impuestos a las EPS durante los próximos 5 años, lo que es un golpe al financiamiento del derecho fundamental de la salud, señala un documento del MinSalud, que analizó la iniciativa parlamentaria.

Según el estudio revelado hace pocas horas el proyecto de origen parlamentario mantiene la intermediación financiera y el manejo discrecional de los recursos de la salud del pueblo colombiano por parte de las EPS: pese a que los informes oficiales recientes han demostrado la creciente insolvencia financiera de estas entidades, la ineficiencia en la gestión del gasto y la enorme deuda con los hospitales, clínicas y proveedores.

Indica que el Consejo Nacional de Salud, cuya naturaleza es consultiva, sustituye las funciones constitucionales del Ministerio de Salud: define y no recomienda en temas de política en salud, que corresponden constitucionalmente al gobierno a través del Ministerio de Salud y Protección Social, en temas claves como Plan de beneficios, tecnologías, Unidad de Pago por Capitación, UPC, entre otros.

El Estado financiará el patrimonio de privados a través de la Unidad de pago por capitación UPC, que deja de ser una prima que garantiza la financiación de los servicios y tecnologías en salud definidos en el PBS para ser un instrumento que fortalece el patrimonio de privados. 

Según el  MinSalud el proyecto privilegia indebidamente a las EPS insolventes premiándolas con el pago de sus deudas, con los impuestos del pueblo durante los próximos 5 años, por más de $60 millones de millones de los impuestos saludables, el IVA social y un punto del PIB. 

Esto significa, realza el análisis perpetuar un modelo de intermediación que concentra y devora los recursos sin controles efectivos, acelerando el colapso del sistema de salud y dejando en segundo plano la atención oportuna, la prevención y la vida de los colombianos.

Para el MinSalud lo que hay es una “chequera ilimitada a las EPS” pues no contentos con esto, obligan al Estado a responder por cualquier exceso en el gasto que tengan las EPS por UPC o por presupuestos máximos, que la ADRES debe registrar sin auditar en sus pasivos y al Ministerio de Hacienda a responder en un plazo máximo de 30 días calendario.

Además de lo anterior en la ponencia alternativa niega el régimen especial para proteger los derechos de los trabajadores de la salud aprobado por la Cámara de Representantes: la ponencia desconoce la necesidad de formalización laboral, considera que el pago por servicios de salud no debe incluir el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y los condena a continuar en condiciones laborales de precariedad.

Reiteró que quita los recursos para financiar el pago por maternidad a mujeres no cotizantes, establecido y aprobado por la cámara de representantes: más de 300 mil madres en situación de vulnerabilidad y sus hijos recién nacidos, se verían afectados y desprotegidos, al no recibir medio salario mínimo por tres meses para su protección.

La ponencia que fue presentada por las senadoras, Ana Paola Agudelo, Norma Hurtado y Lorena Ríos incluye que no habrá pago directo: no se le pagará directamente a clínicas, hospitales y proveedores, como propone la reforma a la salud del Gobierno Nacional y aprobada por la Cámara de Representantes en dos ocasiones, sino que son las EPS quienes seguirán decidiendo a quién, cuándo y cuánto pagar, sin controles efectivos sobre este gasto.

Otra de las críticas tiene que ver con que se destruye la atención primaria: la propuesta, obliga al Gobierno nacional a conseguir recursos adicionales para financiar la atención primaria, el subsidio a la oferta, el plan de intervenciones colectivas, el fortalecimiento de la red pública y los servicios sociales complementarios, trasladando cargas fiscales adicionales al Estado sin tocar la estructura de privilegios de las EPS en un franco incumplimiento a la normatividad vigente, Ley Estatutaria 1751 de 2015 y la Ley 1438 del 2011.

También contempla la eliminación de la cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, desconoce la autonomía territorial y la descentralización administrativa, mantiene el negocio de la integración vertical, continúa discriminando a más de la mitad de los colombianos y elimina las unidades zonales de planeación y evaluación en salud del orden departamental y distrital: que permitirían el manejo eficiente de los recursos asignados y la evaluación de la atención primaria en salud, así como, la asistencia técnica a los municipios en la planeación en salud.