Un nuevo capítulo en la historia entre Estados Unidos y Colombia se escribió la semana pasada. Tras la descertificación de nuestro país en la lucha antidrogas, la cancelación de las visas a todo el gabinete colombiano y las declaraciones en redes sociales de Donald Trump, quien acusó a Gustavo Petro de narcotraficante, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio un paso más: incluyó al presidente colombiano, a su hijo Nicolás y a su esposa Verónica Alcocer en la llamada Lista Clinton. Con ello, Washington complementa la narrativa que busca presentar a Petro como un mandatario con vínculos con el narcotráfico, tal como lo ha hecho Trump con Nicolás Maduro y el denominado Cartel de los Soles.

Pese al evidente desgobierno que atraviesa Colombia, y a la crisis institucional y de seguridad que la asfixia, no es cierto que el presidente lidere una red de narcotráfico, como lo ha insinuado el gobierno norteamericano. Se trata más bien de una estrategia para deslegitimar y desgastar su ya deteriorada imagen. Petro, por su parte, ha caído torpemente en el juego, respondiendo con vociferaciones, marchas, manifestaciones y discursos incendiarios que poco aportan al ciudadano promedio que pareciera estar afanado porque se llegue pronto el 7 de agosto de 2026.

Con el tristemente célebre asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la corrupción que salpicó a varios de los cercanos a Petro —incluido su propio hijo— y el fracaso de la llamada paz total, que convirtió a personajes como Salvatore Mancuso en “gestores de paz”, desde Washington se alimenta el inminente regreso de la extrema derecha al poder en Colombia. La absolución de los delitos imputados al expresidente Uribe y la evidente e innegable necesidad de fortalecer la seguridad y la lucha contra el terrorismo en un país que creía haber superado esos tiempos, son el combustible perfecto para el resurgir de la derecha y la derrota política de la izquierda, torpe y lapsa con los grupos revolucionarios.

No es casual que hoy Argentina tenga un presidente rendido a los pies de Trump; que Ecuador cuente con un mandatario de derecha que combate la delincuencia con el poder de las fuerzas armadas; que Bolivia, tras dos décadas de gobiernos progresistas, haya girado hacia el conservadurismo; ni que en El Salvador Bukele conserve una popularidad abrumadora bajo el discurso de ser el país más seguro del mundo. Todo ello responde, en gran medida, a la influencia que desde Norteamérica se ejerce bajo la sombra del magnate republicano.

En Colombia, a un año de la próxima elección presidencial, comienzan a emerger figuras como Abelardo de la Espriella, quien parece avanzar en las encuestas más por la dureza de sus palabras que por la solidez de sus propuestas, y ese será, con toda probabilidad, el panorama del próximo año: un país enfrentado otra vez entre los extremos, sin espacio para el equilibrio y el centro ni para el debate de fondo.

Colombia no puede permitir que la próxima elección se reduzca a una batalla personal entre Petro y Uribe, o entre izquierda y derecha. Nada bueno puede surgir de esa confrontación, porque los extremos, cuando se tocan, terminan siendo lo mismo. Es cierto que el país necesita una política seria en materia de seguridad y una lucha real contra el narcotráfico y el terrorismo, pero ¿de verdad el único camino es el del nada ponderado De la Espriella?

Es tiempo de reflexionar. Con la ofensiva que llega desde Washington, es probable que Petro termine sus días en el poder defendiéndose a punta de megáfono y balcón, mientras los problemas del país siguen creciendo sin solución a la vista. No hay empleo, el sistema de salud está colapsado, y no avanzamos en la lucha contra la pobreza, y los muchos otros frentes como infraestructura, educación, ciencia, tecnología e innovación. Es eso lo que queremos ver en los candidatos: seguridad y firmeza, pero ¿y de lo otro qué?