En concreto, el precio de la electricidad en Colombia aumentó un 68 % en moneda local, pasando de cerca de $465 pesos por kWh en 2015 a aproximadamente $780 pesos por kWh en 2025. Para ser más específico con los datos, la electricidad en Colombia es incluso más costosa que en Estados Unidos (USD 0,135/kWh, unos 537 pesos), una economía con estándares de vida y de infraestructura muy superiores.

La contradicción es evidente. Con una matriz energética dominada en un 70 % por hidroeléctricas y con una creciente inversión en energías renovables, Colombia debería tener una posición privilegiada. Sin embargo, una mezcla de ineficiencia regulatoria, altos costos de transmisión, subsidios cruzados e impuestos encubiertos termina trasladando a los hogares y empresas una factura cada vez más cara.

El impacto económico es doble. Por un lado, las familias de ingresos medios y bajos sienten el golpe directamente: según el DANE, el gasto en servicios públicos representa entre el 12 % y el 18 % de los ingresos de un hogar de clase media, lo que reduce recursos disponibles para alimentación, educación y ahorro. Por otro lado, las empresas manufactureras han manifestado que pierden competitividad frente a países donde producir es más barato, lo que frena la inversión y encarece los productos nacionales. No es casualidad que Colombia ocupe el último lugar en competitividad fiscal dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -  OCDE -.

El CEO de Energy Master, Alejandro Ramírez, lo resumió con crudeza: el costo de la energía en Colombia se ha convertido en un “nuevo impuesto silencioso a la competitividad”. Y tiene razón. El país está hipotecando su capacidad productiva y afectando directamente la calidad de vida de millones de ciudadanos.

La discusión no puede seguir posponiéndose. Se necesita una reforma tarifaria — no tributaria — estructural, que revise la forma en cómo se calculan y distribuyen los costos. También urge acelerar la transición hacia energías renovables no convencionales, solar y eólica, que diversifiquen la matriz y reduzcan la dependencia de hidroeléctricas vulnerables a fenómenos climáticos como El Niño.

Así las cosas, en un país con abundantes recursos hídricos, solares y eólicos, resulta inaceptable que la electricidad sea un factor de empobrecimiento. Si no se toman decisiones de fondo, Colombia seguirá siendo un país rico en el papel y con un enorme potencial, pero pobre en la prestación de una energía justa.