Lo que en principio se presenta como una estrategia para garantizar el derecho humano a la alimentación y preservar suelos estratégicos para la agricultura, ha terminado por convertirse en un nuevo foco de tensión entre el ejecutivo y los gobiernos locales, entre la visión centralista de la administración Petro y la autonomía que reclaman los municipios y departamentos. El discurso oficial habla de planificación, soberanía alimentaria y sostenibilidad, pero los actores del territorio perciben algo distinto, un mecanismo para restringir, condicionar e incluso reconfigurar las vocaciones del suelo en contravía de las realidades productivas y de los sueños de desarrollo local que las comunidades rurales han venido construyendo con tropiezos y sacrificio.

Los campesinos, gremios, alcaldes y gobernadores(as) coinciden en señalar que las APPA, lejos de representar un blindaje a la producción de alimentos, son una camisa de fuerza que desconoce las dinámicas agrícolas, pecuarias y agroturísticas que hacen competitivas a sus regiones. Los ejemplos ya empiezan a hablar por sí solos. En el norte del Tolima, caficultores, productores avícolas, aguacateros y operadores de turismo advierten que estas zonas limitan la posibilidad de articular producción con agroturismo, cerrando la puerta a un modelo de diversificación que permite mayor estabilidad para cientos de familias. En Cundinamarca, productores agrícolas, floricultores y viveristas temen que la restricción a actividades catalogadas como “no alimentarias” termine afectando un sector que genera divisas, empleo femenino y encadenamientos logísticos. En Antioquia, los ganaderos y avicultores ven con preocupación que los sistemas confinados puedan ser clasificados como incompatibles dentro de una zona APPA, lo cual significaría un golpe directo al abastecimiento de proteína animal. Estos casos revelan que la medida puede convertirse en una amenaza para los sectores más eficientes y especializados de la agricultura colombiana.

El trasfondo político de las APPA también despierta suspicacias. Para muchos, se trata de una estrategia del gobierno Petro que, bajo la bandera de la soberanía alimentaria, busca ampliar el radio de control del Estado sobre el uso del suelo y limitar de facto actividades extractivas, en especial la minería. Con esto se está instrumentalizando la alimentación como argumento para imponer determinantes de ordenamiento territorial que alteran profundamente el futuro de regiones con vocación agroindustrial y ecoturística. En la práctica, lo que se esconde detrás del discurso es un intento de bloquear corredores estratégicos. La izquierda gobernante parece encontrar en las APPA un instrumento funcional para su agenda de frenar sectores considerados contrarios a su ideario, aunque a costa de sacrificar la competitividad de productores agrícolas que poco o nada tienen que ver con la minería.

Los impactos negativos ya son evidentes. La declaratoria de un APPA provoca de inmediato la depreciación de los predios incluidos en su perímetro. Los propietarios ven cómo su tierra pierde valor de mercado ya que solo podría ser adquirida por el Estado o por las corporaciones autónomas, entidades que no tienen ni recursos ni interés para absorber esa carga, lo que para algunos analistas podría esconder un modelo de expropiación de la tierra.

La incertidumbre regulatoria desincentiva la inversión privada, ¿qué empresario apostaría a instalar infraestructura logística agropecuaria, una planta de procesamiento, un centro logístico o un proyecto de agroturismo en un territorio cuya normatividad puede variar al vaivén de decisiones centralistas tomadas en Bogotá?

El choque de competencias es otro elemento explosivo. La Constitución otorga a los municipios la facultad de decidir sobre el uso del suelo, pero el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 transformó los diagnósticos técnicos de la UPRA en políticas de obligatorio cumplimiento. Los alcaldes y concejos municipales, entonces, quedan reducidos a actores de reparto en una obra cuyo guion se escribe en el Ministerio de Agricultura. El resultado es un caldo de cultivo para la judicialización, demandas ante la Corte Constitucional, tutelas de campesinos que ven vulnerados sus derechos y una nueva oleada de inseguridad jurídica que paraliza al campo en lugar de dinamizarlo.

Las APPA podrían ser una herramienta útil si se orientaran a ordenar para producir mejor, pero corren el riesgo de convertirse en un mecanismo de control centralista que paralizaría en gran parte la economía rural, fracturando la confianza institucional y deteriorando la legitimidad del Estado. El gobierno Petro enfrenta aquí una disyuntiva, persistir en la imposición unilateral y cosechar resistencia, litigios e inseguridad; o abrir espacios de diálogo que reconozcan la heterogeneidad del campo colombiano
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Detrás de las APPA no debería haber intereses políticos ocultos ni maniobras ideológicas, sino la voluntad de construir un pacto territorial para que la protección de suelos agrícolas se traduzca en prosperidad, empleo, crecimiento económico y seguridad alimentaria real. Mientras tanto, las regiones seguirán en alerta, vigilando que bajo el discurso de la soberanía alimentaria no se les despoje del derecho fundamental a decidir su futuro.