|   03.Diciembre.2023   |   Por:  
Álvaro Montoya

Los Planes de Racionalización: la clave para los mataderos de autoconsumo

Álvaro Montoya
Crédito: 
Javier Pérez / Ecos del Combeima
Velotax
Hoy el pensamiento gubernamental es distinto, y ha diferenciado lo que es un frigorífico para atender mercados internacionales como por ejemplo la brasilera Minerva Fods que le apuesta a grandes y costosos mercados.

No todos los 32 departamentos del país tienen hoy el Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal del que habla el Decreto 2016 de 2023, que reglamenta el funcionamiento de esas plantas en Colombia; para saber si los municipios categoría 5 y 6 interesados en establecer mataderos de autoconsumo, están o no allí acogidos, como requisito para que sean aprobados y autorizados por el invima.

Y es que esos pequeños municipios que representan el 87% de los existentes en todo el territorio nacional, de por si no tienen ni tenían, las condiciones mínimas requeridas para haber sido incluidos en esos Planes de Racionalización, entre otras cosas por su pequeña población, que no supera los 10 o 20 mil habitantes, y que por supuesto su consumo percápita no justificaba una apuesta cárnica siquiera subregional, según los parámetros que se establecieron al construir en ese entonces, el Decreto 1.500 que vigila y soporta aún esa actividad alimentaria nacional, pero sumados igualmente a muchos otros item que se conjugaron en esa matriz y en esos planes avalados por las autoridades sanitarias. Y quizá no fue tanto el número de habitantes de esos pequeños municipios, eran otros factores como por ejemplo, la disponibilidad de servicios públicos, el acceso vial, la oferta ganadera, algunos aspectos culturales y especialmente el nivel de inversión que se requería. 

Hoy el pensamiento gubernamental es distinto, y ha diferenciado lo que es un frigorífico para atender mercados internacionales como por ejemplo la brasilera Minerva Fods que le apuesta a grandes y costosos mercados, o las plantas de categoría nacional, que son la mayoría en Colombia, así atiendan básicamente ciudades o subregiones, y aquellas de autoconsumo que pretende promover este nuevo decreto. Y tendrá que medirlas todas con un racero muy diferente, si quiere activarlas de verdad y ser coherente con la directriz nacional; pues muchas veces son esas instituciones de control las que no permiten que este tipo de política pública se desarrolle tal como son concebidas desde el gobierno nacional, porque una cosa se piensa como gobierno y otra muy diferente como se actúa técnicamente desde las instituciones.

Entonces de antemano se puede concluir que son precisamente esos municipios categoría 5 y 6 los excluidos en esos Planes Departamentales de Racionalización y que entre ellos no hay dos que tengan una planta de beneficio animal de categoría nacional. 

Y es que  los mataderos de autoconsumo también son economía popular y son parte del discurso y esencia gubernamental, y por ello el gobierno además de una reglamentación flexible debe desarrollar una estrategia que permita incluirlos económicamente como unidades productivas informales y llevarlas rápidamente a la formalidad en beneficios de la salubridad pública, pero también de la seguridad alimentaria de millones de colombianos que ven en la carne un artículo de lujo y que simplemente optaron por no consumirla. La economía popular, aunque muy criticada por no generar ingresos para la nación, sigue siendo indudablemente la fórmula gubernamental para la inclusión económica de esas grandes minorías.

De igual manera, no todas las plantas de sacrificio animal que vienen funcionando cumplen con la normatividad y muchas de ellas aún cumpliéndolas su situación económica no es la mejor por muchas razones entre otras por la tasa impositiva de degüello tan alta, el desequilibrio del mercado, y el costoso cumplimiento de esos estándares de calidad exigidos por el Invima.  Muchas de estas plantas ya están ad portas de ser definitivamente cerradas, y no precisamente por temas ambientales, pero si temas económicos, cuando pasan de reorganización a liquidación obligatoria. 

El Tolima en su momento fue el departamento piloto en la construcción e implementación de los Planes de Racionalización, y de la mano del Minambiente, el Invima y la Agencia Regional de Cooperación ARCO desarrollaron también otros planes departamentales, hasta encontrar el soporte legal, económico, ambiental y técnico suficiente, para justificar la implementación de la ley 1.500 de 2007 que ahora es modificada en parte, por este nuevo Decreto.