Las cámaras de comercio fueron concebidas como entidades que permitieran el desarrollo empresarial en sus jurisdicciones, así, su naturaleza privada y la administración de recursos públicos provenientes del registro mercantil podrían contribuir a la tarea de mejorar el tejido empresarial, desarrollar el espíritu emprendedor y, en un lenguaje más actual, contribuir a ese ecosistema empresa – Estado.

No pasó mucho tiempo para que estas, por los asientos reservados en las juntas, así como por el propio interés de algunos de sus miembros, se vieran permeadas por la política. Jugosos salarios, regímenes de contratación de derecho privado, ingreso constante y sonante a través del registro mercantil, hicieron que poco a poco las cámaras dejaran de ser fábricas de desarrollo, para convertirse en refugios de políticos, cuotas burocráticas y feudos administrados por clanes, familias e intereses diferentes a los empresariales.

La ciudad de Ibagué sí que sabe de esto. La ciudad musical y empresarial de Colombia se ha ido quedando atrás en el desarrollo y competitividad por relegar su Cámara de Comercio a la influencia de unas pocas familias que a su voluntad quitan y ponen presidentes ejecutivos apoyados en los votos que controlan a través de la cooptación.

Este dolor de cabeza de las cámaras de comercio, esquemas anticompetitivos por demás, fueron un malestar para sus supervisores (en un principio de la Superintendencia de Industria y Comercio), o en algunos casos como el del gobierno Santos, el escenario de intervención de ciertos funcionarios.

Para evitar el constante periplo burocrático y político, la intriga de planchas y candidatos, y los vasos comunicantes entre las cámaras y los clanes políticos, en la Ley 2069 de 2020 reforma planteada por los anteriores superintendentes (Barreto y Liévano), el artículo 70 asignó a la Superintendencia de Sociedades su vigilancia y control, pues, en buena hora, la SIC advirtió el contrasentido de ejercer ese rol a través de su Delegatura de Competencia, lo que le hacía perder tiempo y desgastar valiosos recursos de investigación en resolver quejas, impugnaciones y defenderse de tutelas por ejercicios electoreros de juntas directivas.

Pues bien, el 29 de diciembre de 2021 el hoy ratificado Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, anunciaba con bombos y platillos en el Diario Portafolio que “ejerceremos un proceso de supervisión enfocado en la prevención y basado en el análisis de riesgos, con el firme propósito de contribuir al crecimiento económico y social mediante la supervisión, protección y fortalecimiento de las sociedades, con el fin de generar legalidad y equidad en beneficio del tejido empresarial del país”.

Poco y nada de eso se ha visto en Ibagué, en donde el presidente ejecutivo de la cámara responde a unos pocos miembros de la junta de quien depende su cabeza, de quien es bien sabido su récord de escándalos en otras entidades ejecutivas, y quién llegó al puesto no por méritos tras un proceso de selección de pantomima, sino por la imposición del señor Andrés Sierra y el resto de asientos que estos controlan en la cámara

Para la muestra un botón, parece que la finalidad del presupuesto de la cámara fuera gastarlo, en información que reposa en su página web la vigencia presupuestal del año 2022 señalaba como ingresos la suma de $9.587.662.000, el registro mercantil correspondía a $8.368.158.000, por gastos se reportan $9.587.662.000, los cuales corresponden a gastos de administración por $8.585.831.000 y por “otros”, gastos de $1.001.830.000, sumados son los mismos $9.587.662.000. Es evidente que los ingresos privados, aquellos que se generan por actividades diferentes al recaudo del registro mercantil, representan una precaria y mediocre actividad del ente cameral. Cada empresario debe preguntarse si quiere ver más de lo mismo, turismo gremial, cruces de favores y un bajo impacto en el desarrollo y la competitividad local. 

Es decir, el ente cameral que vive del dinero público, correspondiente en su mayoría al registro mercantil, tiene como objeto gastar todo su presupuesto, vale la pena preguntarse si durante y después de la pandemia, o si en este momento de crisis inflacionaria, dólar por las nubes y un oscuro panorama económico para el 2023, esto se compadece con la necesidad y realidad empresarial de una capital intermedia como Ibagué.

Quienes fuimos parte del proceso de selección para ocupar la posición de presidente ejecutivo de la CCIy llegamos a la etapa final, en donde con la junta directiva en pleno  decidiría quién ocuparía tan importante cargo, recordamos cómo fuimos utilizados para que el actual presidente ejecutivo fuera elegido. El proceso de  selección lo lideró una firma  caza talentos de Armenia  cuestionada por su poco reconocimiento, por ocultar información relevante del candidato ganador, por ejemplo, haber sido declarado insubsistente en el Sena, por establecer mecanismos de evaluación que no garantizaron idoneidad.

Por otro lado, sin siquiera llegar a la etapa final de entrevistas, el candidato ganador ya estaba elegido. En mi caso particular, una vez terminé mi intervención ante la junta, en donde varios ni siquiera me prestaron atención, saliendo del recinto, dos miembros de junta se acercaron a pedir mi número telefónico para posteriormente hablar de un negocio. Al preguntarles sobre mi desempeño, uno de ellos me respondió, “como empresario, usted debería ser la presidente, pero esto es muy político y ya tenemos elegido hace varios días a Brian Bulla”, en efecto, unos minutos después se publicaba la noticia que lo confirmaba.

En este punto entendí por qué Ibagué no progresa. Recuerdo también una llamada telefónica, en donde alguien, que por respeto no divulgo su nombre, me afirma que no era mi momento y que la Cámara de Comercio necesitaba a alguien que no tuviera los escrúpulos que yo tenía. Cabe anotar que, presuntamente, fue tan manipulado este proceso, que Oscar Germán Díaz, gran amigo y profesional de primer nivel, quien venía de ser el director de Fenalco, fue eliminado en la primera fase con el argumento de no haber sido posible confirmar una de sus referencias laborales al ser una empresa ubicada en el exterior. Desde el inicio, todo estaba arreglado. 

Ojalá que en estas elecciones de miembros de junta directiva los afiliados y empresarios de Ibagué tomen la decisión correcta, purguen esos feudos politiqueros y de clanes familiares que en nada aportan a la ciudad y a la cámara, y elijan personas nuevas, actualizadas, interesadas en el bienestar general y sobre todo, que tomen decisiones administrativas y financieras responsables,empresarios: la ciudad y el Tolima los necesita.