En un reciente comunicado, el Ejército Nacional informó que retiró a 18 miembros de sus filas tras confirmarse que estuvieron involucrados en los actos de intimidación a la comunidad de la vereda Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta, Córdoba.
“Con el objetivo de tomar medidas administrativas independientes a las que puedan adoptarse en el ámbito disciplinario y penal, el Comando del Ejército Nacional ha decidido retirar con pase a la reserva a un total de 6 Oficiales y 4 Suboficiales, cuyo comportamiento comprometió los principios y valores de la institución (...) Asimismo, por decisión del Comandante de la Fuerza, se ha ordenado el retiro de 08 soldados profesionales conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1793 de 2000, artículo 13”, anuncia el documento.
Y es que, los mismos habitantes de de Tierralta denunciaron las agresiones por parte del personal militar que se hizo pasar por disidentes de las Farc, incluso los hechos quedaron captados en videos que se viralizaron rápidamente.
“En seguimiento a la información proporcionada el pasado 14 de septiembre del presente año, el Ejército Nacional emite la presente declaración para esclarecer los acontecimientos ocurridos (...) Es fundamental destacar que el Batallón de Infantería N° 33 Junín, adscrito a la Décima Primera Brigada, se encontraba realizando operaciones contra estructuras del grupo armado organizado Clan del Golfo con el objetivo de proteger a las comunidades locales de la región. El 28 de agosto de 2023, un pelotón ingresó a la zona para llevar a cabo tareas de reconocimiento, en respuesta a información previa sobre corredores de movilidad utilizados por grupos criminales en actividades ilícitas”, se lee inicialmente el comunicado.
Según la institución, esta medida disciplinaria se tomó después de la investigación y la inspección que arrojaron resultados sobre la conducta de los militares, la cual fue calificada como "totalmente contraria al actuar institucional”.
“Los resultados de la inspección y los videos que circularon revelaron que los procedimientos llevados a cabo fueron totalmente contrarios a las normas, leyes y la doctrina militar. Se registraron acciones inapropiadas contra la población civil, el uso de prendas no autorizadas, el cubrimiento del rostro y un uso indebido de las armas de la República, entre otros aspectos tácticos militares”, dijo la institución.
E indicó que: “en el marco del principio constitucional de colaboración armónica, el Ejército Nacional ha colaborado activamente con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Justicia Penal Militar y Policial para iniciar los procesos de investigación correspondientes. La Defensoría del Pueblo también ha brindado su acompañamiento”.
Por su parte, la Fiscalía ha anunciado que llevará a cabo su investigación bajo tres líneas de trabajo: actos en contra de los Derechos Humanos, la línea fucsia y la investigación del ataque al helicóptero que transportaba las comisiones.
En cuanto a la Procuraduría, el ente acusador ha asumido la investigación disciplinaria por poder preferente.
En relación al personal del pelotón que no participó directamente en los hechos, el ejército ha dispuesto el traslado de 13 soldados profesionales a unidades donde no realizarán actividades operacionales ni de inteligencia, desempeñando labores administrativas y servicios de régimen interno mientras se llevan a cabo los procesos de investigación en curso.
“Además de estas medidas, se están adoptando acciones para fortalecer el aprendizaje en las Escuelas de formación y capacitación, así como en los Batallones de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento, con el propósito de prevenir comportamientos individuales que se aparten de las políticas y lineamientos institucionales”, concluyó el comunicado.
