La EPS Famisanar anunció que radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Luis Carlos Bermúdez, gerente de ROHI IPS, por el presunto delito de calumnia, luego de que este difundiera un documento titulado “Denuncia Pública” en el que atribuye a directivos y funcionarios de la EPS supuestas conductas delictivas.

De acuerdo con el comunicado oficial, Bermúdez habría señalado la existencia de presuntas prácticas como extorsión, cohecho y amenazas dentro de la entidad, e incluso la conformación de una supuesta estructura criminal. La EPS rechazó categóricamente estas afirmaciones, asegurando que son falsas y que no están acompañadas de pruebas.

La denuncia fue presentada por Germán Darío Gallo Rojas, agente especial interventor de la entidad, quien solicitó a la Fiscalía investigar los hechos y determinar si, además de calumnia, podrían configurarse conductas como falsa denuncia o fraude procesal.

Uno de los puntos centrales del conflicto gira en torno a la terminación del contrato entre ambas entidades. Según la EPS, fue la propia ROHI IPS la que notificó formalmente, el 29 de diciembre de 2025, la finalización unilateral del vínculo contractual a partir del 1 de enero de 2026. En la comunicación firmada por la representante legal de la IPS, se argumentó un presunto incumplimiento en los pagos por parte de la aseguradora, señalando una cartera acumulada superior a 21 mil millones de pesos, situación que —según indicó— generó una crisis financiera que impedía continuar con la prestación de servicios a cerca de 4.000 pacientes.

Famisanar sostuvo que, en el marco del proceso de intervención iniciado en noviembre de 2025, se identificaron presuntas irregularidades en la operación del prestador, entre ellas inconsistencias en facturación, cobros a nombre de usuarios fallecidos y deficiencias en los soportes documentales y en el registro del talento humano en salud.

La entidad aseguró que las declaraciones públicas del gerente de ROHI IPS han afectado el buen nombre de sus funcionarios y reiteró que continuará defendiendo su gestión ante las autoridades competentes, mientras el caso queda ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo análisis e investigación.