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IBAGUÉ - COLOMBIA, 09.Mayo.2021
  |   13.Noviembre.2011   |   Por:  
Ministerio de Defensa Nacional

La desmovilización es la mejor decisión para reintegrarse a la legalidad

<p>Para Adriana Jim&eacute;nez, directora jur&iacute;dica del Programa de Atenci&oacute;n Humanitaria al Desmovilizado, PAHD, &ldquo;El &eacute;xito de la desmovilizaci&oacute;n en Colombia se debe a que la persona&nbsp; recibe beneficios tangibles que lo llevan a disfrutar de&nbsp; una nueva&nbsp; vida como ciudadano con el acompa&ntilde;amiento permanente del Gobierno Nacional hasta que se hace autosostenible econ&oacute;micamente.&rdquo;<br /> &nbsp;</p>
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El respeto a  los derechos humanos, la sensación de la libertad, los comentarios  favorables de quienes se han beneficiado del programa,  los deseos de buscar una nueva vida y las ventajas de arreglar su situación de ilegalidad hacen que los guerrilleros busquen la desmovilización.

“El desmovilizado es la persona que siendo miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley, decide voluntariamente abandonarlo para someterse a los beneficios de la Ley 782 del 2002, presentándose ante una autoridad civil, militar o judicial y allí comienza el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) para gozar de ayuda humanitaria, aclarar su situación jurídica y luego retornar a la sociedad y desempeñarse en un futuro”, explica la doctora Adriana Jiménez, directora jurídica del PAHD.

“El Gobierno Nacional cuenta con un marco jurídico para garantizar que estas personas se desmovilicen y se les cumpla con los beneficios jurídicos que se prometen”, afirma la doctora Jiménez.

Después de la recepción por parte del Programa de Desmovilización, la persona es sometida a un chequeo médicoy recibe junto con su grupo familiar  la ayuda humanitaria consistente en alojamiento, alimentación, estipendio diario, salud, kit de aseo, vestuario, apoyo sicosocial y jurídico, iniciando así, su recorrido hacia la legalidad.

El 95% de las personas que buscan el camino de la desmovilización lo hacen ante las Fuerzas Militares, porque confían en que obtendrán su protección y se les respetarán sus derechos humanos. “No es necesario delatar compañeros, pero le ayuda a sus rebajas de penas, manifestar sobre lugares de almacenaje de armas, laboratorios clandestinos de fabricación de cocaína, depósitos de drogas ilegales,  u otros detalles, por estas manifestaciones libres y voluntarias pueden recibir incentivos económicos denominados bonificaciones”, agrega la doctora Jiménez.

De esta manera, si una persona está siendo investigada o juzgada por delitos políticos (Rebelión, Sedición, Asonada), el operador judicial, llámese Fiscal o Juez, debe otorgar el beneficio jurídico que corresponda, como el de preclusión, cesación de procedimiento o archivo de las diligencias y en el caso de condenados se adelanta un proceso ante el Ministerio del Interior para otorgarle el beneficio jurídico de indulto.

“Los desmovilizados que hayan incurrido en delitos como el secuestro, extorsión, homicidio y terrorismo, tienen la posibilidad en el marco de la justicia transicional de solicitar el acogimiento a la Ley 975 de 2005, para que las penas que reciban en la justicia ordinaria que oscilan entre 20 a 60 años, puedan ser reemplazadas por una pena alternativa de mínimo 5 y máximo 8 años de prisión, con el compromiso de coadyuvar en el desmantelamiento del grupo armado, esclarecer la verdad sobre los hechos y reparar a las víctimas”, aclara la doctora Adriana Jiménez.

Lo cierto es que de las casi 25 mil personas que se han desmovilizado individualmente un gran número han solucionado sus problemas jurídicos. Este proceso cuenta además con el apoyo de gobiernos internacionales, especialmente europeos que vigilan y acompañan todo lo relacionado con los derechos humanos.

Una de las recomendaciones que se les da a los ex combatientes es que se valoren como seres humanos, que cumplan sus deberes y ejerzan sus derechos, que aunque no van a tener un paraíso, si podrán construir una nueva sociedad, donde tendrán autonomía y libertad, capacidad de decisión, podrán compartir con sus familias y caminar tranquilos sin problemas con la justicia.

La adaptación se da con la ayuda del Estado, a través de sus instituciones y funcionarios en busca de la Reintegración Social y Económica de estas personas.

Es factible que una persona le tenga miedo al cambio, de buscar una salida por la presión de los mandos guerrilleros, pero saben que el Ejército que los persigue, les brinda la oportunidad de volver a la legalidad.

Desde el 07 de agosto de 2002 hasta 06 de Noviembre de 2011, un total de 24.330 personas han tomado la sabia decisión de desmovilizarse, para así evitar la captura o hasta perder la vida en combate.