Colombia llega al nuevo ciclo electoral atrapada en una peligrosa paradoja, mientras el país enfrenta deterioro fiscal, crisis en salud, violencia, narcotráfico, extorsión, incertidumbre energética y bajo crecimiento económico, buena parte del debate público sigue secuestrado por una guerra simbólica entre “pueblo” y “élite”, “cambio” y “continuismo”, “derecha” e “izquierda”. Esa parece ser la mayor herencia política de la actual coyuntura nacional. 

En este escenario cobran fuerza las tesis del pensador italiano Antonio Gramsci. Pareciera que sectores de la izquierda colombiana y actores ideológicos del gobierno de Gustavo Petro han intentado aplicar su idea de hegemonía cultural; no solo administrar el Estado, sino también reeducar simbólicamente a la sociedad para transformar el “sentido común” colectivo.

En esa lógica, empresarios, medios de comunicación, gremios, altas cortes, EPS y distintos sectores productivos han sido señalados reiteradamente como expresiones de un viejo régimen que debía ser derrotado. El problema es que esa batalla cultural terminó convirtiéndose más en una pedagogía de la confrontación que en la construcción de un nuevo pacto nacional. No se consolidó una hegemonía; por el contrario, se profundizó la fractura política y social del país.

La izquierda agrupada alrededor del Pacto Histórico parece haber adoptado una versión precaria y resentida del socialismo. No una visión moderna orientada a generar riqueza, competitividad y justicia social sostenible, sino una narrativa de revancha contra una “derecha” muchas veces caricaturizada. En esa lógica, el “cambio” dejó de ser un proyecto de desarrollo y se convirtió en una corrección moral del pasado. 

El caso de la salud es quizá el más doloroso. Bajo la idea de desmontar el poder de las EPS y enfrentar a las supuestas élites del sistema, Colombia terminó inmersa en una crisis de acceso a medicamentos, atención y financiación. Exministros de Salud han advertido sobre riesgos de colapso financiero, mientras millones de ciudadanos viven en una profunda incertidumbre frente a tratamientos y servicios. Lo que debía proteger la vida terminó convertido en un escenario de confrontación ideológica. Y cuando la salud se vuelve instrumento político, quienes pagan no son las élites, son los ciudadanos de a pie. 

La economía tampoco respalda el relato épico del cambio. Aunque el país creció 2,6 % en 2025, la cifra es insuficiente para hablar de una transformación productiva profunda. Colombia no despegó; apenas resiste. La inversión privada continúa afectada por la incertidumbre, el déficit fiscal presiona las cuentas públicas y la confianza empresarial se erosiona en medio de constantes ataques al sector productivo. A esto se suma una política energética errática que hoy tiene al país importando gas cada vez más costoso y reduciendo su autosuficiencia energética. 

En seguridad, la distancia entre discurso y realidad es aún más grave. La llamada “Paz Total” prometió desactivar violencias, pero el país enfrenta disidencias fortalecidas, control territorial de grupos armados, extorsión y economías ilegales en expansión. Aunque el gobierno insiste en mostrar avances, en muchos territorios el miedo, el desplazamiento y el narcotráfico siguen marcando la vida cotidiana. 

A esto se suma el golpe ético de la UNGRD. El escándalo de corrupción alrededor de carrotanques para La Guajira y el uso político de recursos públicos golpeó directamente el discurso moral con el que llegó el gobierno. Para un proyecto que prometía superioridad ética frente a la política tradicional, el caso no es menor: es una demolición simbólica de su propio relato. 

La comparación con China permite entender mejor la magnitud del error ideológico. Deng Xiaoping, siendo comunista, entendió algo fundamental, la ideología no podía asfixiar la prosperidad. Su frase sigue siendo demoledora, “No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace los ratones”. China no se convirtió en potencia mundial repitiendo tesis utópicas ni consignas campesinas u obreras, sino abriendo mercados, atrayendo inversión, industrializándose, exportando y subordinando la ideología a los resultados económicos y sociales. 

La izquierda colombiana parece haber hecho exactamente lo contrario, subordinó los resultados a la ideología. En vez de preguntarse qué funciona, insiste en preguntar quién representa moralmente al pueblo. En vez de construir riqueza para redistribuirla, parece más interesada en disputar el relato de quién tiene derecho a poseerla. Y esa diferencia es crucial. El socialismo chino, con todos sus autoritarismos y contradicciones, entendió la economía como poder; buena parte de la izquierda colombiana parece entender el poder únicamente como confrontación cultural. 

Por eso Colombia está en una verdadera encrucijada. No entre izquierda y derecha, sino entre una política que produce resultados y otra que produce enemigos. Entre una visión que entiende el Estado como herramienta de desarrollo y otra que lo utiliza como instrumento de revancha ideológica. 

Gramsci tenía razón en algo; las transformaciones profundas ocurren cuando cambia el sentido común. Pero ese sentido común no puede construirse contra la realidad. Si el ciudadano no encuentra medicamentos, si paga caro por servicios de salud privada, si percibe más inseguridad, si teme invertir, si siente que el costo de vida aumenta y si observa corrupción en quienes prometieron decencia y cambio, ninguna hegemonía cultural será duradera y la tesis de Gramsci quedará más relegada que nunca.

Y esa es la pregunta que debería hacerse Colombia en la actual coyuntura: ¿queremos una política que siga administrando resentimientos o una que vuelva a poner los resultados por encima de la ideología?