En las carreteras del Tolima y otros departamentos del país, el eco de los tractores varados y las cargas de arroz detenidas no es solo el ruido de un simple paro: es el grito desesperado de un sector que el Gobierno ha preferido ignorar. El paro arrocero de julio de 2025 no surge de un capricho, sino de la acumulación de promesas incumplidas, políticas que desangran lentamente al campo colombiano y un problema que evidencia fallas estructurales.

Los productores de arroz —especialmente los pequeños y medianos— han venido advirtiendo durante años que el modelo actual es insostenible. Los costos de producción se han disparado, mientras el precio de compra del arroz sigue cayendo por debajo del punto de equilibrio. El valor de una carga, que debería estar entre 205.000 y 220.000 pesos, hoy apenas supera los 170.000, si bien les va. ¿Cómo pretender que el gremio arrocero sobreviva así?

Lo más grave es que en marzo de este mismo año, cuando los arroceros decidieron parar por primera vez, el Gobierno firmó acuerdos para ajustar precios y ofrecer apoyo financiero. Hoy, menos de cinco meses después, esos compromisos se han evaporado. ¿Qué confianza pueden tener los campesinos en un Estado que firma con una mano y olvida con la otra?

La sobreoferta, el contrabando, los altos costos del agua, los tratados comerciales mal negociados y el comportamiento comercial de los molinos,  solo profundizan la crisis. Pero lo que más indigna es la desconexión institucional: mientras los arroceros bloquean vías para ser escuchados, las ministras de Agricultura y Comercio se ausentan de la mesa de negociación. Es una afrenta directa a quienes producen el alimento de millones.

El Tolima, como corazón arrocero del país, siente con fuerza este pulso. Las pérdidas económicas, los bloqueos y la tensión social podrían haberse evitado con una voluntad política real. No se trata solo de precios: se trata de dignidad, de soberanía alimentaria y de justicia para quienes trabajan la tierra.

El campo colombiano no puede seguir siendo invisible, ni tratado como un problema que solo aparece en las noticias cuando estallan los paros. Es hora de repensar el modelo agropecuario del país con enfoque regional, equitativo y sostenible. Y sobre todo, es hora de que el Gobierno entienda que sin campo, no hay comida. Y sin justicia para el campo, no hay paz posible.