Ante la denuncia sobre presuntos actos de violencia basada en género que podrían afectar a una mujer amparada por una medida de protección vigente, la Procuraduría General de la Nación requirió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, adoptar medidas inmediatas de control y seguridad.

La actuación preventiva se inició a partir de la información remitida por la Comisaría de Familia de Rovira y la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, que solicitaron verificar posibles conductas de hostigamiento y exposición de información personal de la mujer para garantizar su seguridad y la de su núcleo familiar.

El ente de control pidió verificar y establecer si desde el establecimiento penitenciario se estarían utilizando teléfonos celulares, dispositivos electrónicos u otros medios de comunicación, de manera irregular. Asimismo, solicitó reforzar los controles para impedir la continuidad de las conductas reportadas.

Por último, el Ministerio Público requirió al INPEC articular acciones con las autoridades responsables para garantizar la efectividad de las medidas de protección de las mujeres, así como un informe sobre las disposiciones adoptadas, puntualizando que la actuación deberá preservar la reserva de los datos personales para evitar nuevos escenarios de exposición o revictimización.