Un nuevo escándalo judicial sacude al sur del Tolima. El alcalde de San Antonio, José Dayler Lasso Mosquera, y el secretario de Planeación del municipio, Miguel Andrés Capera Hernández, fueron judicializados por su presunta participación en graves irregularidades dentro de un contrato público para la adquisición de elementos de maquinaria pesada.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron en marzo de 2024, cuando ambos funcionarios, al parecer, se interesaron indebidamente en favorecer a un consorcio contratista conformado por Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández, dentro de un proceso adelantado bajo la modalidad de mínima cuantía.

Según el ente acusador, el contrato fue pactado por más de 33 millones de pesos, pese a que la normativa solo permitía contratar hasta $29.978.789, límite máximo establecido para ese tipo de proceso, lo que habría obligado a adelantar un procedimiento contractual distinto.

El material probatorio recaudado indica que las cotizaciones utilizadas para sustentar el proceso presentaban presuntas irregularidades, entre ellas valores inflados frente a los precios reales del mercado. Incluso, una de las propuestas habría sido elaborada por el propio secretario de Planeación y entregada posteriormente a los contratistas, a pesar de que existían al menos dos cotizaciones adicionales ajustadas al costo real.

La Fiscalía también evidenció que una de las firmas incluidas en las cotizaciones no correspondía al proponente, quien además no habría presentado dicho documento ante la Alcaldía de San Antonio, lo que refuerza la hipótesis de una posible manipulación documental.

Finalmente, el alcalde José Dayler Lasso Mosquera, en su calidad de ordenador del gasto y responsable de la invitación pública, habría utilizado las cotizaciones presuntamente adulteradas para adelantar todo el trámite contractual, que terminó con la adjudicación del contrato al consorcio integrado por Durán Briñez y Zambrano Hernández.

Por estos hechos, Lasso Mosquera y Capera Hernández fueron imputados por los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Entre tanto, los contratistas fueron judicializados en calidad de intervinientes por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.