Un plan de choque para sanar las finanzas de la salud, anunció la ministra Ana María Vega, luego de dar a conocer los resultados de un análisis que realizó la Contraloría General de la República sobre el uso de los recursos de la entidad.

En una alocución la señora Vesga dijo que la Contraloría emitió una opinión contable negativa sobre la vigencia de 2025 y decidió no fenecer la cuenta fiscal de la entidad. 

Además se detectó una diferencia presupuestal de 2,9 billones de pesos entre los dineros comprometidos por la administración anterior y las obligaciones de pago efectivamente ejecutadas durante el presente periodo gubernamental. 

La ministra Vesga señaló que “Recibimos un ministerio con serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas”. 

Agregó que en el mes pasado “el rubro principal de estas asignaciones tenía una apropiación de $4,4 billones. $4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas $1.3 billones obligados y pagados, una diferencia cercana a 2.9 billones de pesos”.

La Ministra de Salud señaló que  se inició además la revisión de 28 resoluciones, con 176 proyectos por más de $490 mil millones, de los cuales 108 que valen unos 365.604 millones, seguían sin registro presupuestal, mientras que cerca del 83% de ese valor correspondía a obras de infraestructura.

Ante ese panorama, tres días después de asumir, el 10 de agosto de 2026, la ministra expidió una circular interna que suspendió temporalmente los nuevos procesos de contratación, los nuevos contratos y convenios, la suscripción de contratos de prestación de servicios y las prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de los contratos existentes. 

Las excepciones indispensables quedaron sujetas a justificación y autorización previa del despacho.

En medio de esta revisión se conocieron posibles hechos de corrupción asociados a este tipo de asignaciones que el Ministerio puso de inmediato en conocimiento de las autoridades.

“El Ministerio es absolutamente claro: jamás se ha solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso, porcentaje, comisión o beneficio en su nombre. Quien haya utilizado su nombre para pedir dinero o pretender negociar recursos públicos tendrá que responder ante la justicia” sentenció Vesga.

El 5 de septiembre la ministra presentó personalmente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en averiguación de responsables, por la posible comisión de delitos contra la administración pública, y entregó el audio para que las autoridades competentes determinen su autenticidad y valor probatorio.

Toda la información se cruzará con las resoluciones, los proyectos, sus beneficiarios, los soportes técnicos y jurídicos y los registros presupuestales. La revisión administrativa continuará con independencia de la investigación penal.

“Los recursos de la salud no son una caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos: son recursos públicos destinados a hospitales, medicamentos y a la atención de millones de colombianos. Cada peso comprometido será revisado y cada irregularidad será denunciada.

Tenemos una sola instrucción: transparencia absoluta y los recursos de la salud al servicio de los colombianos”, finalizó.​