Gran preocupación por los reajustes superiores al mil por ciento en los porcentajes del incremento de los avalúos catastrales en las zonas rurales de algunos municipios del país para la vigencia 2026, manifestó el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera.

“El reajuste de los avalúos catastrales y la consecuente liquidación y pago del impuesto predial para los propietarios de los predios rurales, que se encuentran inmersos en las zonas geoeconómicas homogéneas establecidas en el aludido acto administrativo, en no pocos casos alcanzan un ajuste del mil por ciento y hasta más”, reclamó.

En tal sentido solicitó al director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda Morales, una reunión para dialogar sobre los diversos aspectos que contempla la normatividad relacionada con el tema de los avalúos catastrales.

Duro golpe a la productividad

El presidente ejecutivo Fedegán, enfatizó en que los aumentos desproporcionados representan un duro golpe a la productividad de las actividades del campo colombiano.

Específicamente el propósito es abordar la discusión sobre el contenido de la Resolución No. 2057 del día 30 de diciembre de 2025 por medio de la cual se da aplicación al artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 y también de la Resolución IGAC 1912 de 2024.

“Existe bastante inquietud de los productores en razón a las implicaciones tributarias, catastrales y de costos de producción que generan las actuales disposiciones para el sector ganadero”, manifestó.

Resaltó la estructura de este renglón de la economía colombiana en la cual cerca del 82 % de los productores son pequeños ganaderos que se verán sensiblemente afectados por la aplicación de lo dispuesto en la citada legislación.

Tener en cuenta factores de inestabilidad

Lafaurie Rivera anotó que muchas de las zonas homogéneas geoeconómicas cuentan con factores de inestabilidad que inciden negativamente en materia de producción y, sin lugar a duda, deben ser tenidos en cuenta.

“La inseguridad, la falta de infraestructura, y en general el acceso a los bienes y servicios públicos requeridos para una adecuada actividad productiva, hacen que la labor del campo y en especial de la ganadería, sea mucho más compleja y con poca rentabilidad”, explicó.

Recordó que es fundamental tener en cuenta otro aspecto y es lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 101 de 1993 que se refiere al uso de la tierra y a que los avalúos no deben contemplar nada diferente a la capacidad productiva de la misma.