“Nunca seremos competitivos con una empresa que no brinda calidad en el servicio de energía”: Óscar Rayo sobre Celsia
En diálogo con Econoticias, Óscar Rayo, abogado experto en derecho minero energético, y Jorge Hernández, veedor nacional de servicios públicos, expusieron graves preocupaciones sobre las tarifas de energía y gas en el Tolima. Ambos coinciden en que los usuarios están siendo afectados por prácticas que van en contra de su bienestar económico.
En cuanto a la operación y tarifas de Celsia en el Tolima, Rayo denunció que Celsia estaría aprovechando su poder dominante en el mercado energético de la región, dificultando que los usuarios, especialmente aquellos con consumo mayor a 50.000 kilovatios, migren hacia tarifas más competitivas.
“Claramente, tenemos empresarios del sector industrial, arroceros y agricultores que están altamente impactados por el costo de la energía y no hacen esa transición por desconocimiento en una parte y también porque Celsia a veces puede poner trabas a migrar a un sector no regulado”, advirtió Rayo.
A pesar de que la transición de Enertolima a Celsia trajo un ligero control en las tarifas, el asegura que el costo de la energía sigue siendo elevado para los consumidores del Tolima, añadiendo que el departamento no puede apostarle a la competitividad si no se cuenta con una operación energética de calidad.
“Tenemos problemas de fluido, intermitencia, calidad, tomo la vocería de algunos empresarios del sector agropecuario del Tolima donde consumen mucha energía, y es una calidad pésima, entonces así nunca vamos a poder ser competitivos con una empresa donde ni siquiera nos brinda calidad en el servicio”, precisó el experto en derecho minero energético.
Por otro lado, frente a las alzas en las facturas de gas de los últimos meses, Jorge Hernández expresó su preocupación por el comportamiento de Alcanos, asegurando que se estaría cobrando de manera irregular un componente en las facturas, relacionado con un cargo de distribución que ya había sido cubierto por los usuarios hasta 2014, cuando terminó la concesión otorgada a la empresa.
“La CREG ha sido permisiva con Alcanos porque le ha permitido desde diciembre de 2015 para acá, recuperar $48.000 millones que a mi juicio ya los había recuperado. Tenían que haber hecho una nueva tarifa porque ese componente de inversión representa el 25% del valor del metro cubico y está afectando los costos en la factura”, mencionó.
Asimismo, advirtió que, el incremento en las tarifas del gas también se ha visto impulsado por la aprobación, en 2018, de la creación de un “mercado relevante” por parte de la CREG, lo que ha elevado los costos de infraestructura en el Tolima, “no es lo mismo construir infraestructura en Pasto o en los municipios remotos de Colombia que construir en Ibagué, entonces los del Tolima cargamos con ese incremento que se da por los altos costos de la construcción de infraestructuras a precios de hoy”.
Finalmente, el veedor nacional detalló que, aunque el Gobierno Nacional aprobó la ‘opción tarifaria’ durante la pandemia por Covid-19, las empresas de gas como Alcanos, tendrían cinco meses para liquidar esos saldos y ofrecer a los usuarios un plazo de 12 a 60 meses para pagar, sin embargo, la misma cuatro años después estaría obligando a los ciudadanos a cancelarla.
“La resolución dice que, una vez terminada la pandemia, las empresas podían recuperar dándole al usuario la opción de financiar en plazos su deuda, pero Alcanos interpretó la norma de manera equivocada y considera que la CREG le aprobó que cobrara en un término de 12 a 60 meses y por eso apareció cuatro años después exigiendo ese saldo”, concluyó Hernández.
