Conforme a los tiempos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación DNP, el pasado 30 de abril fue la fecha límite para la presentación de la versión definitiva de los planes de desarrollo de los 32 departamentos y 1.103 municipios del país. Desafortunadamente, esta es una dimensión desconocida para la mayoría de los ciudadanos, quienes no tienen ni idea de cómo se invertirán los recursos públicos provenientes de los diferentes impuestos nacionales, departamentales y municipales.

Es como si otras personas decidieran qué hacer con el dinero que tienes ahorrado en el banco, aunque la comparación no parezca exacta, es un claro ejemplo de lo que sucede en la realidad. Los impuestos que los colombianos pagamos con esfuerzo por diferentes conceptos, como el impuesto sobre la renta, IVA, retención en la fuente, 4 x 1000, impuestos al tabaco y cigarrillo, a los licores, de vehículos, predial unificado, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, entre otros, son los que financian los planes de desarrollo a través de diversas fuentes.

Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, Impuestos de destinación específica, Sistema General de Participación (SGP), Sistema General de Regalías (SGR), recursos de crédito, y aportes de la nación, en su gran mayoría, no son más que los tributos que todos los colombianos pagamos.

La construcción de los planes de desarrollo es un proceso que ocurre cada 4 años, tras elegir a gobernadores y alcaldes. Estos se formulan y proyectan después de la presentación de un programa de gobierno, el cual se materializa en un documento metodológicamente organizado en pilares, dimensiones o transformaciones, y que se compone de tres partes:

La parte diagnóstica del territorio, donde se conjugan aspectos sociales, humanos, económicos y ambientales que detallan la radiografía actual del departamento o municipio, con datos relevantes de cómo están en determinado sector. Desde este diagnóstico se da el punto de partida para revisar las verdaderas necesidades del territorio.

La parte estratégica, en la que se establecen las metas de resultado y de producto. Las metas de producto se convierten en proyectos de inversión con una serie de actividades a ejecutar y se cuantifican en cuanto a la ejecución física y financiera de los planes. Son estas las que nos mostrarán en 4 años qué se cumplió y qué no.
La parte financiera, en la que se distribuyen los recursos de la entidad territorial proyectados a 4 años (2024 a 2027), a partir de un Plan Plurianual de inversiones. En él se asignan los recursos para educación, salud, desarrollo económico, medio ambiente, vivienda, vías y transporte, cultura, TICs, innovación y todos los sectores contemplados en el plan de desarrollo territorial. Este ejercicio es quizás el de más alta responsabilidad, ya que por ley hay sectores y recursos que deben asignarse con un porcentaje definido según la proyección del presupuesto anual.

Así las cosas, los planes de desarrollo ya han sido presentados a las asambleas y concejos de todos los departamentos y municipios del país para su estudio, discusión, ajuste y aprobación.
En un Plan de Desarrollo se planifican y establecen todas las acciones que se desarrollarán en los 4 años de gobierno. Lo que no quede en los planes de desarrollo durante este proceso de ajuste y aprobación por parte de los cuerpos colegiados, simplemente no se podrá hacer.

Aún queda un espacio de tiempo durante el mes de mayo para discutir, mejorar y ajustar los planes de desarrollo conforme a las reales necesidades de los departamentos y municipios. Los diputados y concejales, como representantes de la comunidad, tienen el deber de revisar, proponer y ajustar lo que consideren necesario en estos planes de desarrollo, eso sí, respetando la capacidad presupuestal de cada uno de los municipios y evitando proponer proyectos imposibles de ejecutar.

El mensaje o recomendación más importante en este asunto es que los planes de desarrollo deben contener todos los instrumentos necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada territorio. Este es el momento más importante para que las administraciones municipales establezcan plena comunicación con diputados y concejales para aprobar de manera concertada el instrumento de planeación que, a manera de hoja de ruta, será la carta de navegación en procura del desarrollo humano, social, económico y ambiental en cada territorio del país.