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IBAGUÉ - COLOMBIA, 05.Julio.2020
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  |   23.Mayo.2020   |   Por:  
Miguel Angel Figueroa

Fiscalía logró cinco condenas contra agresores de defensores de Derechos humanos

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Suministrada
Entre los procesos judiciales que se han adelantado en el país, dos personas han sido condenadas en el Tolima por el asesinato de un reincorporado de la guerrilla de las FARC.

La coordinación y acompañamiento de la Unidad Especial de Investigación (UEI), y la conformación de equipos especializados de fiscales, analistas e investigadores del CTI y Sijin de la Policía, permitieron a la Fiscalía General de la Nación obtener contundente material probatorio para esclarecer cuatro acciones criminales contra personas en proceso de reincorporación.

Condenas por agresión en Tolima

Gracias a las pruebas presentadas por la Fiscalía, dos personas fueron condenadas como responsables del ataque armado contra el reincorporado José Andrade Betancourth Leal, ocurrido el 6 de agosto de 2019, en Rioblanco (Tolima).

En una primera decisión judicial, un juez Penal del Circuito Especializado de Chaparral, sur del Tolima, condenó a Fernando Betancourt Correa a 8 años y 10 meses de prisión, tras acogerse a sentencia anticipada y aceptar cargos como determinador de la acción criminal.

El procesado fue declarado responsable de homicidio agravado en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

En otra audiencia relacionada con los mismos hechos, Geiner José Mejías Valladares fue condenado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Este ciudadano venezolano deberá pagar una pena de 109 meses de prision (9 años y 1 mes), como coautor material del ataque.

Sentencia en Cauca

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán (Cauca) condenó a Gustavo Adolfo Pecupawe Quiguapumbo, integrante del grupo residual ‘Dagoberto Ramos’, a 7 años y 2 meses de prisión, por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

Esta es la sexta condena que obtiene la Fiscalía por el crimen del reincorporado Mauricio Castañeda Restrepo, ocurrido el 15 de octubre 2018, en Corinto (Cauca). 

Esclarecidas dos afectaciones contra reincorporados en Chocó

Con relación al desplazamiento forzado del que fueron víctimas los reincorporados de las Farc, Evert Ramos Gallego y Patricio Ramos Gallego y cinco personas más en proceso de reincorporación y sus familiares, un juez especializado de Quibdó (Chocó), condenó a José Gabriel Julio Guerrero, alias Pinto, a 84 meses de prisión y multa de 1.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a alias Pinto los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento de forzado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de la Fuerzas Militares. En su momento, el procesado aceptó cargos y se sometió a sentencia anticipada.

José Gabriel Julio Guerrero era el encargado del proceso de expansión criminal del Clan del Golfo y la ocupación ilegal de territorios en Antioquia y Chocó; además de coordinar las rutas del narcotráfico y los ataques contra la fuerza pública, la población civil y los reincorporados.

En otra decisión judicial, el Juzgado Segundo Penal de Quibdó (Chocó), condenó a Walter Romaña Moreno, a una pena de 30 meses de prision (2 años y 6 meses), por las amenazas de las que fue víctima el reincorporado, Martín Matilde Cuesta Moreno.

A la fecha, por afectaciones contra de líderes sociales y reincorporados en la región del Carmen de Darién, la Fiscalía General de la Nación ha esclarecido seis homicidios, desplazamientos y amenazas, y judicializado a 11 cabecillas de la estructura ‘Pablo José Montalvo Cuitiva’ del Clan del Golfo.

Estos resultados responden a la estrategia de priorización de las zonas con mayor concentración de victimización contra Defensores de Derechos Humanos, reincorporados y sus familiares, impulsada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado y la Vicefiscal Martha Janeth Mancera. 

Este enfoque territorial deja resultados contundentes: 48 personas condenadas en 31 procesos que adelantó la Unidad Especial de Investigación.