Así se conoció en las últimas horas en el municipio del Líbano, donde se inició el juicio oral en contra de la ex comisaría de familia, Katherine de los Ángeles García Rodríguez, por las presuntas irregularidades que la Fiscalía detectó en el proceso de protección de la menor de 3 años Sara Ayolina Salazar Palacio, quien falleció por su estado de desnutrición y maltrato físico severo.

Según las investigaciones, la niña estaba bajo la custodia de sus padrinos, con el aval de la exfuncionaria, luego de ser entregada por su madre por no tener los recursos económicos suficientes para mantenerla.

En la audiencia se determinó que la exfuncionaria podría responder por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo, al igual que por prevaricato por omisión, por las posibles irregularidades en el proceso de garantizar, estabilizar, proteger y reparar los derechos de la menor.

La excomisaria renunció a su cargo un mes después de la muerte de la niña (21 de abril del año 2017). Sin embargo, para la Fiscalía, la mujer actuó de manera negligente saltándose todas las normas legales, haciendo caso omiso a las alertas que las autoridades competentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le habían realizado para restablecer los derechos de la pequeña.

Antecedentes

Según los antecedentes del caso, se suscribió un acta ante la excomisaria para dejar a cargo de la madrina y su esposo a la menor. No obstante, este no era el procedimiento adecuado, pues no se trataba de un asunto conciliable.

Además, debió haberse apoyado en otras entidades o figuras solidarias; para buscar familia extensa o un hogar sustituto, de tal forma que pudiera asegurar la protección de la menor, pues no se revisó jamás cuál era la situación de los padrinos ni su entorno familiar.

Meses después de quedar con la custodia de Sarita, la menor de edad ingresó al hospital con una picadura de abeja en su rostro. En esa oportunidad los médicos detectaron además, que la niña se encontraba en evidente estado de abandono, con signos claros de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación, lo que fue reportado debidamente a las autoridades competentes, entre ellas a la comisaria García Rodríguez.

En una siguiente oportunidad se reportó el detrimento del estado de salud de la menor, pero se informó una supuesta omisión de la funcionaria, que no acudió a verificar su estado de salud. Posteriormente, la niña falleció.

Al término de esta primera audiencia de juicio, el togado fijó fecha para continuarlo el 5 de diciembre del presente año, donde se definirá la responsabilidad de la funcionaria.