“Este proyecto nos preocupa” fue una frase que se escuchó en repetidas ocasiones durante la vista que Carlos Mario Zuluaga, contralor general de la República, y su equipo de trabajo a las obras del Complejo de Piscinas de la calle 42 con carrera Quinta de Ibagué.

Por esta millonaria obra, cuyo mínimo avance ha sido cuestionado en reiteradas oportunidades, el ente de control decidió iniciar una indagación previa para verificar la posible afectación del patrimonio público.

Ante el anuncio, Ecos del Combeima conoció los detalles detrás de esta actuación que adelantará la Contraloría General de la República. En primer lugar, se advierte que el contratista, la Unión Temporal Deportiva 2022, no tendría la suficiente liquidez para avanzar satisfactoriamente en la ejecución del proyecto.

“Nos preocupa la liquidez y solidez financiera que tenga el contratista para la ejecución, toda vez que está dependiendo de los giros y desembolsos que le hacen en el marco del contrato para poder ejecutar la obra”, expresó Andrey Rodríguez, contralor Delegado para el sector Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte a nivel nacional.

Y agregó: “El contralor hizo una invitación a que se revise dentro de la estructuración del contrato los mecanismos y formas de pago para que no se asfixie al contratista y que se revise la manera en que se dé el flujo de caja”.

Estos problemas de liquidez, explicó la GGR en la visita, acarrean el riesgo de que se compren costosos elementos, como los equipos de bombeo, para que luego se queden sin instalar o usar por una posible parálisis de la obra.

Además, el que se haya adjudicado el contrato a un constructor que no tenía, presuntamente, el músculo financiero, ni la forma de hacerle frente a sus obligaciones financieras, motivó también la indagación previa.

“El Contralor ha ordenado que se adelante una indagación preliminar (...) para averiguar qué pasó en la fase de planeación y estructuración [del proyecto]; y por qué se le entregó a un contratista que, aparentemente, no tiene músculo financiero para ejecutar la obra”, añadió Rodríguez.

Finalmente, la Contraloría entrará a averiguar si todas esas adiciones detrás del proyecto, que ascienden a los $8.000 millones, se encuentran justificadas técnica y jurídicamente.

“Con tristeza no creemos que la obra vaya a ser terminada en el 2024 como se estima en los plazos del contrato”, concluyó.