El alcalde electo Andrés Fabián Hurtado daría prioridad al manejo de la operación del Ente Gestor a los transportadores de la ciudad y no a foráneos que se quieren quedar con el recaudo.

De todas maneras hasta el 31 de diciembre se mantendrá la incertidumbre entre el sector transportador de Ibagué por el futuro del manejo del servicio público colectivo debido a que la administración saliente aparentemente quiere entregarle el manejo del recaudo a Metro de Medellín a través de un convenio.

Recordemos que en la actual administración se ha librado una aparente persecución contra los empresarios de este sector. 

La duda radica en si el actual secretario de la Movilidad, José Alexis Mahecha, dejará firmado el convenio con Metro de Medellín para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Publico, luego de que el Gobierno apruebe el CONPES de la movilidad que traería una cofinanciación del 70%, lo que en pesos dejaría aproximadamente unos $300 mil millones para obras de infraestructura en la ciudad.

Por ahora los transportadores esperan que el ingeniero Andrés Hurtado ratifique el manejo del sistema a quienes durante décadas han invertido y han sostenido el transporte público en la ciudad.

Lo que ha pasado este año:

El decreto 0806 del 17 de julio del presente año, reúne todos los actos administrativo que fueron expedidos desde el 2008 hasta el 2019, para dejar una sola estructura que proyecte la transición del modelo de transporte actual al SETP que se deberá implementar al momento que el Gobierno apruebe el Conpes de la Movilidad para la ciudad.

Según la Alcaldía en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 se dejó como meta la integración física, operacional, y tarifaria del sistema de transporte público colectivo, bajo un esquema que sea sostenible, financiera y ambientalmente a través de la racionalización de la oferta, la jerarquización de las rutas y servicios, la estandarización y la tipología de los vehículos.

Otro argumento que plantea el municipio, es que ante la carencia de herramientas y mecanismos tecnológicos de control y funcionamiento, se están generando problemas como la guerra del centavo, evasión del recaudo, altos índices de accidentalidad, sobre ofertas de vehículos y caos vehicular.

Pero en este decreto, también se anuncia que se fijará una nueva capacidad transportadora mínima a cada empresa, luego de revisar el actual plan de rodamiento que está funcionando, pero además se congela el parque automotor para que solo a través del mecanismo de reposición se puedan ingresar nuevos vehículos.

Con esta jugada la Alcaldía le da otro duro golpe a las siete empresas del transporte público de pasajeros de la ciudad, debido a que con este decreto se anuncia que con la entrada en funcionamiento del SETP perderá la vigencia de los permisos actuales a las compañías que por décadas vienen prestando este servicio y la nueva sociedad será la encargada de entregar u otorgar las habilitaciones.

Sin duda uno de los negocios que está en juego es el sistema de recaudo que se implementará para la operación del transporte, según el parágrafo tercero del artículo 10 del decreto que expidió el municipio se conformará una fiducia para el manejo de los recursos provenientes de la operación, pero se deja el vacío jurídico para que se le entregue a un tercero el manejo del cobro de los pasajes.

Lo extraño es que en este decreto, la Alcaldía no solo tiene en cuenta a las siete empresas que actualmente están constituidas sino que también hace referencia a la Nueva Transportadora, compañía que fue creada por pequeños empresarios de la ciudad con el apoyo del municipio, de la cual hace una semana se informó que no cumplió con los requisitos para que fuera habilita su operación.